Usuarios de TikTok presentan demanda para bloquear prohibición en el estado de Montana

“Montana no puede prohibir a sus residentes que vean o publiquen en TikTok".

El gobernador de Montana, Greg Gianforte, sancionó una ley el miércoles pasado que prohíbe el uso de TikTok en el estado a partir del 1 de enero. Por este motivo, cinco usuarios de la red social han presentado una demanda en una corte del estado de Montana, Estados Unidos, con el objetivo de bloquear una prohibición local impuesta a esta plataforma de propiedad china.

Los usuarios de TikTok argumentan que el estado está tratando de ejercer un control sobre la seguridad nacional que no le corresponde y está limitando la libertad de expresión.

Además, sostienen que la ley viola sus derechos constitucionales. Knudsen no ha hecho comentarios al respecto hasta el momento. "Montana no puede prohibir a sus residentes ver o publicar contenido en TikTok de la misma manera en que podría prohibir el acceso al Wall Street Journal por su propietario o las ideas que promueve", afirma la demanda. 

La demanda ha sido asignada al juez Donald Molloy, quien fue nominado para el cargo por el ex presidente demócrata Bill Clinton en 1995. La red social de videos cortos, propiedad de la compañía china ByteDance, ha declarado que la prohibición en Montana "viola los derechos de la Primera Enmienda del pueblo de Montana". 

TikTok ha enfrentado numerosas solicitudes de legisladores y funcionarios estatales de Estados Unidos para prohibir la aplicación en el país, debido a preocupaciones sobre la posible influencia del gobierno chino en la plataforma.

Gianforte, un republicano, afirmó que la ley promoverá "nuestra prioridad compartida de proteger a los habitantes de Montana de la vigilancia del Partido Comunista Chino". 

¿Qué ocurre a los usuarios que desobedecen la ley anti-tiktok?

Montana, con una población de poco más de un millón de personas, ha establecido multas diarias de hasta 10,000 dólares para TikTok en caso de no acatar la prohibición. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha criticado la ley, considerándola "inconstitucional".

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